BNDES estructura proyectos para expandir la minería de uranio en Brasil

El banco estatal BNDES ha estructurado proyectos para expandir la minería de uranio en Brasil, en colaboración con las empresas nucleares ENBPar e INB, con el objetivo de garantizar combustible para las plantas nucleares y abrir la puerta a la exportación del metal.

Un banco de desarrollo impulsa la minería

La BNDES se ha asociado con la holding nuclear ENBPar y con INB, la estatal que posee el monopolio de los materiales nucleares, para estructurar proyectos de exploración minera. El esfuerzo se enmarca en el programa Pró-Urânio, creado en 2024 para acelerar la búsqueda de nuevos depósitos y aumentar la producción nacional. La BNDES diseña el modelo de negocio para que INB encuentre socios para el desarrollo minero.

Las zonas de exploración y la producción actual

El plan incluye estudios de exploración en cinco áreas repartidas en los estados de Goiás, Bahía, Paraná, Paraíba y Tocantins. Brasil posee una de las mayores reservas de uranio del mundo, con unas 210.000 toneladas, pero solo tiene una mina en activo, en Caetité, en Bahía.

El objetivo a corto y largo plazo

La meta a corto plazo es garantizar el combustible para los reactores nucleares de Angra, cerca de Río de Janeiro. A largo plazo, Brasil aspira a convertirse en un exportador de uranio.

El proyecto insignia y la demanda global

El proyecto Santa Quitéria, en Ceará, una asociación entre INB y la productora de fertilizantes Galvani, podría comenzar la producción alrededor de 2028 con unas 2.300 toneladas anuales. Este volumen podría llevar a Brasil a la exportación una vez cubiertas las necesidades de sus reactores. El impulso responde a un resurgimiento global de la energía nuclear, impulsado por la demanda de los centros de datos para la inteligencia artificial.

El freno regulatorio al plan de expansión

El principal obstáculo para la expansión es un decreto federal que regule las asociaciones privadas. Una ley de 2022 autorizó a INB a asociarse con empresas privadas, pero el decreto correspondiente lleva años bloqueado. Sin él, formalizar acuerdos con mineros privados conlleva un riesgo legal.